Estas últimas semanas las redes sociales se han dado un festín de información gracias a la famosa Ley Telecom, o como me gusta llamarla, la hermana más fea de la Ley SOPA y la Ley Beltrones, toda una serie de información que ha culminado en el conocimiento público a fondo de ciertos puntos importantes sobre dicha ley, la cual le otorga el poder al Estado de bloquear señales de internet, así como plataformas de comunicación a su antojo.
Sin embargo más allá de dilema de si se llega a dar la censura al aceptar las leyes secundarias de esta reforma estructural por parte del gobierno federal, existe una parte especial en la cual se toca el tema acerca de los videojuegos; así es, no solo van por nuestros medios de comunicación, sino que también se busca de cierta manera controlar la clasificación de los videojuegos que se comercialicen en el país.
Hace unas cuantas hora me encontraba leyendo un artículo que llamó inmediatamente mi atención en el periódico El Economista en su plataforma digital, en la cual el autor del artículo explicaba como la reforma afectará de igual manera a los videojuegos.
Y es que si bien puede parecer un tema que no puede llegar a tener gran importancia para algunos en comparación con el tema principal a discusión de esta reforma, debido a la prioridad de mantener la libertad de expresión intacta por los medios digitales.
Cabe aclarar que lo que se propone en cuanto a la regulación del contenido sobre juegos de entretenimiento digitales es de gran problema para la economía, ya que lo que se estipula dentro de las leyes secundarias, es darle la capacidad el gobierno de pedir a los creadores y distribuidores de videojuegos de cualquier tipo de plataforma digital, un análisis previo anterior a la venta de los mismos, es decir, afectar a los pre- estrenos en nuestro país sin garantizar que pueda entrar al mercado nacional dicho título.
A demás de que los lanzamientos de los títulos a analizar por parte de alguna secretaria de Estado (Comunicaciones, Gobernación, o la que llegue a estar encargada de este tipo de análisis), puede retrasar los lanzamientos de los mismo, afectando a la distribución de los videojuegos y dañando la economía no solo a los creadores y distribuidores, sino a los intermediarios que fungen como los comerciantes de dichos productos, una industria relativamente pequeña, pero que genera un aproximado de 1,161 millones de dólares solo en nuestro país.
¿Pero cuál es el mayor problema de esta famosísima reforma para la cuestión de la regulación de videojuegos? Más allá de los retrasos y de la posible cancelación de distribución de algunos títulos en nuestro país, el detalle más importante y un posible resultado anticipado basado en la realidad de nuestra cultura es sin duda alguna la proliferación a una escala aun mayor del mercado negro.
Es decir, una de las premisas en el comercio y por la cual se basa toda actividad comercial es el hecho de: “Si alguien lo quiere, alguien lo venderá”. Esto quiere decir, que nuestros deseos por tener y jugar videojuegos que puedan llegar a ser censurados, solo los podremos encontrar en algún tianguis, o puede suscitarse que por el retraso de la comercialización de algunos juegos, nuestra mejor opción para obtenerlos sea mediante la compra de videojuegos piratas, lo cual solo da una respuesta más: afectar al comercio formal y comenzar con la pérdida de empleos.
Solo nos queda esperar, este receso que nuestros senadores dieron para llegar a un acuerdo y darle una revisadita a la famosa Ley Telecom hasta dentro de unos meses, pero haciendo una reflexión personal, lo más notable de este tipo de asuntos políticos que surgen en nuestro país denotan la calidad de nuestros gobernantes y de su gran interés por ese México mejor que con gran ímpetu pregonan en sus costosísimas campañas políticas.
Fuente: El Economista
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